miércoles, 2 de mayo de 2018

Información legislativa de interés correspondiente a Abril de 2018


Información legislativa de interés correspondiente al día 21 de Abril de 2018
BOE 21/04/2018
I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
Transportes terrestres
Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Información legislativa de interés correspondiente al día 14 de Abril de 2018
BOE 14/04/2018
I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
Propiedad intelectual
Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

Información legislativa de interés correspondiente al día 9 de Abril de 2018
DOGA 09/04/2018
I. Disposiciones generales
Presidencia de la Xunta de Galicia
LEY 1/2018, de 2 de abril, por la que se modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.
III. Otras disposiciones
Academia Gallega de Seguridad Pública
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2018 por la que se convoca una jornada sobre la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia.

Boletín Oficial del Estado del día 9 de abril de 2018

Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General de Poder Judicial, por el que se convoca proceso selectivo para provisión de plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en las materias propias de los órganos del orden jurisdiccional social, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado.

Información legislativa de interés correspondiente al día 2 de Abril de 2018
BOE 02/04/2018
II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos.



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viernes, 27 de abril de 2018

Audiencia-Información Pública del Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA. Trámites abiertos.

Fuente. Ministerio de Justicia

Listado de las iniciativas y propuestas normativas para las que se encuentra abierto este trámite, indicando el título, la fecha en que finaliza el plazo de la consulta y el medio para realizar las aportaciones. ​

Audiencia-Información Pública del Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

- Fecha de publicación: 27/04/2018


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martes, 17 de abril de 2018

Las recientes sentencias contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ¿justificarían la recuperación de la territorialidad de los Procuradores?

Publicado 27.04.18
Actualizado 30.04.18


Las recientes sentencias contra  la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) : ¿justificarían la recuperación de la territorialidad de los Procuradores?

Las recientes sentencias dictadas por la Justicia, anulando las multas de la CNMC  a los Colegios profesionales por la territorialidad del Turno de Oficio, traen a colación un viejo debate cerrado por imperativo legal, pero aún abierto para quienes defienden la calidad como garantía de un servicio.

Todos recordaremos que desde la aprobación de la directiva 2006/123 del Parlamento Europeo, conocida por Directiva de Servicios o Directiva Bolkestein, nuestro ordenamiento se vino "obligado", en aras de alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la unión europea y conseguir la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios; a suprimir la territorialidad de determinadas profesiones.

Esa "libertad de competencia", con la que eufemísticamente se ha abanderado la lucha de ciertos sectores y entidades contra la calidad de los servicios, ha llevado a día de hoy a revelar la verdadera finalidad de aquellas reformas, que no es otra que primar la rebaja de precios frente a la profesionalidad, la calidad y el carácter público de determinados servicios.

Sin duda, uno de los sectores más perjudicados, es el de la justicia, especialmente los servicios prestados por abogados y, en mayor medida, los encomendados a los Procuradores de los Tribunales.

La doble dimensión, pública y privada, del ejercicio profesional de los procuradores y su "obligatoriedad" en la adscripción al turno de oficio, no fueron en su día suficientes para justificar el mantenimiento del principio de territorialidad y con él, la calidad de los servicios.

Pese a ello, sucumbió la territorialidad como garantía de calidad, cercanía y proximidad al ciudadano, frente a las presiones de ciertos poderes económicos, representados por lobbies por todos conocidos, que "impusieron" un ordenamiento procesal ajeno a los principios que hasta entonces lo inspiraban: rapidez y agilidad, inmediatez, eficacia, calidad y servicios profesionales con connotaciones claras de servicio público.

Convendría así recordar la tesis del  Tribunal Supremo (STS  29 de enero de 2016 Rec. 3242/2014) en la que se avalaba "la adscripción universal y forzosa de los procuradores al turno especial de asistencia jurídica gratuita". Curiosamente, "la voluntariedad" defendida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sucumbía frente a la  "adscripción universal y forzosa", sin acometer la verdadera cuestión que garantíza la calidad: la territorialidad.

A éstas, se unen hoy sentencias como la de la Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Superior de Justicia  de Andalucía que defienden que los Colegios profesionales están obligados a “garantizar la rapidez y agilidad en la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita; de ahí la obligación de residencia y de disponer de despacho abierto” que tienen los profesionales adscritos al Turno de Oficio, como garantía de cercanía y proximidad al ciudadano. Así como que la “prestación del Servicio de Justicia Gratuita se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad”; ya que, “tratándose de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios, no cabe hablar de un mercado de prestación de los mismos y la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974 no es aplicable al caso.”

Hilando el artículo "La territorialidad del Turno deOficio a examen" publicado en Legal Today el 30/4/18, me permito una reflexión.

¿Cabría recuperar la territorialidad y apuntalar la incompatibilidad? y  ¿debería el Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, aprovechar para incluir, de una vez por todas, las modificaciones o reformas precisas que permitan una delimitación clara, concisa, detallada y especialmente con la debida alusión a la naturaleza pública o privada de las funciones de los procuradores y sus colegios?

Como se aludía en nuestro post de 27.04.18 a la luz de las sentencias a las que se cita, son tres, los aspectos que permiten entender que la organización de un servicio justifica la territorialidad sin estar en colisión con la Ley de Defensa de la Competencia y por tanto, ajenos al control de la CNMC; i) la obligatoriedad del servicio, ii) la gratuidad y iii) el carácter público del servicio.

Y a título de ejemplo, ¿qué carácter tienen los siguientes servicios?:

  • el servicio de turno de oficio y justicia gratuita (art. 33 LEC)
  • los servicios de notificación (EM IX LEC)
  • los servicios que organizan los Colegios de Procuradores  para la práctica de los actos procesales y demás funciones atribuidas a los procuradores (art 23.6 LEC)
  • el servicio de recepción y tramitación de notificaciones (arts 28 LEC)
  • el servicio de traslado de copias al que se refiere la (EM X LEC y 23 LEC)
  • los servicios  organizados para el cumplimientos de las obligaciones de los colegios en caso de suspensión en su ejercicio de un procurador (art. 30 LEC)
  • los servicios de localización, gestión y de depósito ( art. 626 LEC)
  • los servicios de realización de bienes ( art. 641 LEC)
  • los servicios de mediación intrajudicial, en relación con la obligación introducida por la ley 5/12 que modificó la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, añadiéndose al art 5 la letra (ñ) imponiendo como función específica de los colegios profesionales: "Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente"

 El debate sigue abierto






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La Justicia anula las multas a los Colegios de Abogados por la territorialidad del Turno de Oficio

La Justicia anula las multas a los Colegios de Abogados por la territorialidad del Turno de Oficio



  1. La Audiencia Nacional acaba de revocar las sanciones impuestas por la CNMC al Consejo General de la Abogacía Española (60.000 euros y sentencia de 12 de abril) y al Colegio de Abogados de Guadalajara (30.000 euros y sentencia de 26 de marzo)
  2. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima íntegramente el recurso planteado por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia (100.000 euros) como anteriormente lo hizo el Tribunal Superior de Justicia  de Andalucía (98.215 euros)
  3. Estas dos sentencias se suman a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, en abril de 2016, dio la razón al Colegio de Abogados de Málaga que consideró plenamente válidos los argumentos jurídicos defendidos por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Colegio de Abogados de Málaga frente a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que consideró como práctica anticompetitiva la fijación de restricciones de carácter territorial para el acceso de los profesionales de la abogacía al Servicio de Asistencia Gratuita. El tribunal no sólo anuló la multa de 98.215 euros sino que condenó en costas a la Agencia. 

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