lunes, 2 de marzo de 2015

Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 27/2/2015

Remitido al Parlamento el Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 27/2/2015.

Cita "El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes General del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que introduce un conjunto de medidas dirigidas a la mejora de la eficiencia en la actividad de la Administración de Justicia, así como en la relación de ésta con los operadores jurídicos y los ciudadanos, a través de la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales". (Fuente. Moncloa).


De una rápida lectura, en esta nueva redacción, se continúa apostando por las atribuciones y obligaciones de los Procuradores respecto de los actos de comunicación y de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, si bien, a diferencia de la versión de fecha 03-05-13:

- Desaparecen las referencias a los actos de ejecución
- Asimismo, desaparece la Disposición adicional primera de la anterior versión relativa a la revisión del arancel de derechos de los Procuradores de los tribunales.
- En la versión de 27/2/2015 desaparece la referencia a la incompatibilidad contenida en la "Disposición adicional segunda. Regulación la representación procesal, la defensa técnica y otras funciones de colaboración con la Administración de Justicia" que en la anterior versión establecía “La incompatibilidad entre el ejercicio de la representación procesal y la defensa técnica quedará supeditada a la futura normativa que, con carácter general, regule los servicios profesionales, quedando afectada por lo que se disponga en esta última. Dicha normativa establecerá la imposibilidad del ejercicio simultáneo de las funciones de representación procesal o defensa técnica con las funciones relativas a la práctica de actos procesales de comunicación con capacidad de certificación, así como con la ejecución de embargos para los que se requiera la condición de agente de la autoridad.”


Descargar Versión 27/2/2015 Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuciamiento Civil

Enlace relacionado Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial 27/2/2015


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domingo, 1 de marzo de 2015

Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial 27/2/2015


Remitido al Parlamento el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 27/2/2015

Se modifica el artículo 544:

«Artículo 544.

1. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. La colegiación de los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales será obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los términos previstos en esta Ley y por la legislación general sobre colegios profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral.»

Se modifica el artículo 545:

«Artículo 545.

1. Salvo que la ley disponga otra cosa, las partes podrán designar libremente a sus representantes y defensores entre los Procuradores y Abogados que reúnan los requisitos exigidos por las leyes.

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 546:

«1. Es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de Abogado o la representación técnica de Graduado Social en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes.

2. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda.»


Enlace relacionado Proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 27/2/2015
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viernes, 27 de febrero de 2015

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero; modificación de las tasas judiciales. Publicado BOE 28 FEBRERO 2015

Publicado BOE Núm. 51, Sábado 28 de febrero de 2015 Sec. I. Pág. 19058

Publicado el 28 de febrero de 2015. Entrada en vigor el 1 de marzo de 2015


Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

“  por lo que se refiere al artículo 11 de este real decreto-ley, debe indicarse que, transcurrido un plazo razonable desde la adopción del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en materia de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la situación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser objeto de atención en cuanto al impacto que sobre ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
En este sentido, la conexión entre la situación de necesidad expuesta y las medidas que se adoptan en este real decreto-ley es clara, pues las modificaciones que se introducen conllevan un efecto favorable inmediato dado que la entrada en vigor de esta norma supondrá la exención del pago de la tasa por parte de las personas físicas.
Artículo 11. Modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4. Exenciones de la tasa.
1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:
a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo
f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.
g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.
2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:
a) Las personas físicas.
b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
c) El Ministerio Fiscal.
d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.»
Dos. Se suprime el párrafo segundo del apartado 2 el artículo 6.
Tres. Se modifica el párrafo primero del apartado 2, que queda redactado como sigue, y se suprime el apartado 3 del artículo 7:
«2. Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala.»
Cuatro. Se añade un párrafo segundo al apartado primero del artículo 8, que queda redactado como sigue:
«No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 4.»
Disposición adicional tercera. Representación del deudor en el concurso consecutivo.
Por excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 184 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la representación por procurador no será preceptiva para el deudor persona natural en el concurso consecutivo.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Descargar BOE RDL 1/2015

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lunes, 16 de febrero de 2015

Procuradores; el futuro de la profesión

Procuradores; el futuro de la profesión

Varias son las iniciativas legislativas y reformas que en la actualidad se encuentran en tramitación y que afectan directa y notoriamente a la actividad de los Procuradores de los Tribunales.

¿Pero que le depara el futuro a la profesión?; difícil dar una respuesta ante la vorágine de reformas que se avecinan, pero quizás aquella pueda aclararse a la luz de la intención del legislador en anteproyectos como los de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Jurisdicción voluntaria.

El eterno debate que viene ya de lejos sobre la compatibilidad entre ambas profesiones ha tomado en las últimas fechas una especial relevancia con ocasión de las iniciativas puestas en marcha para la reforma de nuestro marco legal.

La confrontación en el debate, al margen de corporativismos e intereses creados, ha alcanzado distintos ámbitos en los que, con mayor o menor razón y con mayor o menor objetividad, se han ido posicionando los protagonistas, directos e indirectos, de esta vorágine reformista del actual ejecutivo.

Por su parte, más allá de la función de la representación, por todos conocida y en exceso infravalorada, la Procura ejerce una labor de asesoramiento que no siempre se ha puesto en su debido valor y no ha sido atendida ni entendida, en su justa medida, no sólo por el ciudadano y los abogados, sino incluso por el profesional y por nuestras propias instituciones.




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viernes, 13 de febrero de 2015

Convocatoria prueba de evaluación para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2015.

Información legislativa de interés correspondiente a los días 13 de febrero de 2015


BOE 13/02/2015

III. Otras disposiciones - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Abogados
Orden PRE/202/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2015.

1. Convocatoria 2. Descripción de la evaluación 3. Programa de materias 4. Requisitos de los candidatos 5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes y documentación 6. Derechos de examen 7. Acceso a personas con discapacidad 8. Admisión de aspirantes 9. Comisiones evaluadoras 10. Desarrollo de la prueba 11. Resultados y calificación 12. Presentación de documentación 13. Norma final

Modelo de solicitud
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO

Programa de materias




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