viernes, 14 de junio de 2019

TSJ CL. LEXNET. La notificación de Lexnet es válida aunque no haya aviso por email


El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, en su sentencia 00671/2019 del 8 de abril, recuerda que los profesionales de la justicia no pueden ampararse en la confianza de que la Administración les avise de las notificaciones a Lexnet. La notificación de Lexnet es válida aunque no haya aviso en el email.

Para el tribunal, el aviso de puesta a disposición de la sentencia no tiene naturaleza de notificación, sino de “mero anuncio”.

Fuente CGA
ROJ: STSJ CL 1523/2019 - ECLI:ES:TSJCL:2019:1523

Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social Municipio: Valladolid  Ponente: RAFAEL ANTONIO LOPEZ PARADA  Nº Recurso: 535/2017  Fecha: 08/04/2019  Tipo Resolución: Sentencia. RESUMEN: OTROS DCHOS. SEG.SOCIAL

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El Ministerio de Justicia resuelve las quejas contra el Banco Santander por exigir que los poderes incluyan la facultad del procurador para liquidar mandamientos de pago.

El Ministerio de Justicia resuelve las quejas contra el Banco Santander por exigir que los poderes incluyan la facultad del procurador para liquidar mandamientos de pago.

El Ministerio de Justicia, en el marco del contrato del servicio bancario de apertura y gestión de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales (expediente: ASE/2018/001), resuelve las quejas en base a los artículos 24 y 25 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, por la manifiesta y excesiva postura adoptada por Banco Santander de exigir que en los poderes apud actas figure expresamente la facultad del procurador para cobrar cantidades destinadas a su cliente o poderdante.

Así, la Secretaria General de la Administración de Justicia, concluye que " El cobro de cantidades derivadas del proceso no es una de las actuaciones para las que la Ley exige poder especial, por lo que si al otorgar el poder el poderdante no excluye expresamente esta facultad, debe entenderse que el poder general es suficiente para el cobro, siempre que las cantidades a cobrar deriven directamente de un proceso judicial, como ocurre con los mandamientos de pago previstos en el articulo 12 del Real Decreto 467/2006 de 21 de abril por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico."

De este modo, la Secretaria General de la Administración de Justicia, tras comunicar su resolución al colectivo de Letrados de la Administración de Justicia, ha requerido al Banco Santander para que "deje sin efecto el escrito de la Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia de fecha 2 de octubre de 2006, no exigiendo pues que en los poderes presentados por los procuradores y, en general, por los profesionales de la Justicia para el cobro de mandamientos de pago a nombre de sus clientes, figure expresamente la autorización para tal. Únicamente cuando en el poder se excluya expresamente la facultad de cobrar mandamientos de pago extendidos a nombre de la parte procesal, procederá el Banco a no pagar al procurador o profesional de la Justicia".

Fuente. Ministerio de Justicia

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miércoles, 12 de junio de 2019

El Tribunal Constitucional declara vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva tras un error de asignación de códigos en los formularios de LEXNET

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El Tribunal Constitucional declara vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva  ante las resoluciones dictadas por el letrado de la administración que acordaban tener por no formalizado el escrito de la recurrente  presentado a través de Lexnet , dentro del plazo, pero con un error en el código de procedimiento que exige el formulario de Lexnet.

Recurda el TC que "el formulario normalizado cumple un papel accesorio, de facilitación de la comunicación electrónica pero no deviene condicionante de la validez del escrito procesal remitido («el escrito principal» cargado con este). Es el escrito de impugnación del recurso de casación redactado y cargado en Lexnet, el que debía ser examinado" , así como que "... No es irrelevante desde luego la circunstancia de que el sistema no sea del todo claro y pueda inducir a esa confusión, máxime cuando, según se ha dicho ya, la normativa sobre dicho formulario no dice nada en este punto que pueda ilustrar con carácter previo."

Finalmente, sentencia el TC que "La modernización de la administración de justicia mediante la generalización en el uso de las nuevas tecnologías y, en lo que aquí nos atañe, a través de las comunicaciones electrónicas procesales, no constituye un fin en sí mismo sino un instrumento para facilitar el trabajo tanto del órgano judicial, como de los justiciables que actúan en los procesos a través de los profesionales designados o directamente por ellos cuando esto último es posible. No pueden en ningún caso erigirse tales medios tecnológicos, en impedimento o valladar para la obtención de la tutela judicial a la que «todas las personas» (art. 24.1 CE) tienen derecho."


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viernes, 5 de abril de 2019

El CGPJ informa el ANTEPROYECTO DE LEY de impulso de la Mediación

El CGPJ informa favorablemente el ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO A LA MEDIACIÓN con el voto particular de cuatro vocales.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 28 de marzo de 2019, ha aprobado un informe que, con carácter general, valora positivamente el proyecto normativo, en la medida en que va dirigido a adoptar medidas de impulso a la mediación, entre ellas, el carácter obligatorio de la sesión informativa, su alcance y las consecuencias de la inasistencia de las partes. El informe del CGPJ cuenta con el Voto particular de cuatro vocales.

jueves, 21 de marzo de 2019

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la ausencia de recurso para impugnar decretos de los letrados de la Administración de Justicia sobre honorarios de abogados y procuradores

El Tribunal Constitucional ha declarado, por unanimidad, la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del artículo 34.2, relativo a los Procuradores de los Tribunales, y del inciso "y tercero" del párrafo segundo y cuarto del artículo 35.2, en relación con los abogados, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

El TC declara inconstitucional la falta de un recurso para impugnar los decretos de los letrados de la Administración de Justicia para resolver reclamaciones sobre los honorarios de abogados y procuradores por ser indebidos: "La exclusión de recurso frente al decreto priva del acceso al control jurisdiccional de una decisión adoptada en el seno de un proceso por un órgano no investido de función jurisdiccional y da lugar al inicio del procedimiento de ejecución, prescindiendo de ese control y excluyendo a la parte de la posibilidad de impugnación contra la decisión del letrado de la Administración de Justicia".


La sentencia, de 14 de marzo de 2019, explica que la mera posibilidad de impedir que dicho acto no pueda ser objeto de revisión por parte de un juez o tribunal, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, y concluye que "en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia es el de revisión al que se refiere el artículo 454 bis de la LEC".


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