Tasas Judiciales. Cuestión de inconstitucionalidad.
Actualizado 20.01.14
El Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Torrelavega acuerda promover en fecha 20/1/2014 cuestión de
inconstitucionalidad a instancia de la parte que se ve impedida a recurrir en
apelación, por el coste de la tasa judicial impuesta por la Ley 10/22012. En
este post, se facilita enlace al Auto.
El Juzgado de Primera Instancia núm 44 de Barcelona acuerda promover en fecha 3/9/2013 cuestión de inconstitucionalidad del art 7 de la Ley 10/2012 en la redacción del mismo dada por el Real Decreto-Ley 3/2013, convalidado el 14.03.2013, por haber empleado de cara a su modificación el mecanismo del Real Decreto Ley con la posible contradicción con el art 86 de la Constitución Española. Igualmente, se plantea la cuestión de inconstitucionalidad del art 7 de la Ley 10/2012 en la redacción del mismo dada por el Real Decreto-Ley 3/2013, convalidado el 14.03.2013, por una posible contradicción con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art 24 de la Constitución Española en su vertiente de derecho de acceso a los recursos respecto del art 7 de la Ley 10/2012 en la redacción del mismo dada por el Real Decreto-Ley 3/2013 por el importe de su cuantía fija y el de la variable cuando el sujeto de la tasa sea una persona física, tanto por su monto como por, en su caso, no haberse tomado en consideración en su cuantificación la capacidad económica del sujeto pasivo.
El Juzgado de Primera Instancia núm 44 de Barcelona acuerda promover en fecha 3/9/2013 cuestión de inconstitucionalidad del art 7 de la Ley 10/2012 en la redacción del mismo dada por el Real Decreto-Ley 3/2013, convalidado el 14.03.2013, por haber empleado de cara a su modificación el mecanismo del Real Decreto Ley con la posible contradicción con el art 86 de la Constitución Española. Igualmente, se plantea la cuestión de inconstitucionalidad del art 7 de la Ley 10/2012 en la redacción del mismo dada por el Real Decreto-Ley 3/2013, convalidado el 14.03.2013, por una posible contradicción con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art 24 de la Constitución Española en su vertiente de derecho de acceso a los recursos respecto del art 7 de la Ley 10/2012 en la redacción del mismo dada por el Real Decreto-Ley 3/2013 por el importe de su cuantía fija y el de la variable cuando el sujeto de la tasa sea una persona física, tanto por su monto como por, en su caso, no haberse tomado en consideración en su cuantificación la capacidad económica del sujeto pasivo.
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